El Gobierno aprueba un nuevo decreto que modifica la Ley de Vivienda

El pasado 30 de enero de 2025, el Gobierno aprobó un nuevo decreto que introduce importantes modificaciones en varios artículos de la Ley de Vivienda. Este cambio busca reforzar la protección de los inquilinos, garantizar el acceso a la vivienda y regular el mercado de alquiler en España. Estas medidas responden a la creciente crisis habitacional y a las demandas de los sectores más vulnerables.

A continuación, te explicamos los puntos clave de este decreto y cómo puede afectar tanto a inquilinos como a propietarios.

Suspensión de desahucios para personas vulnerables

Una de las medidas más destacadas es la suspensión de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad económica durante todo el año 2025. Los inquilinos que se encuentren en esta situación podrán solicitar la suspensión de su desalojo si demuestran que no tienen una alternativa habitacional viable.

Para garantizar los derechos de los propietarios, el Estado cubrirá las rentas impagadas a través de un sistema público de avales, que también incluirá la cobertura de daños en los inmuebles y los costes de suministros básicos.

Limitación de precios en zonas tensionadas

El decreto introduce la limitación de los precios del alquiler en las denominadas «zonas tensionadas». En estas áreas, los nuevos contratos de arrendamiento deberán ajustarse a un índice estatal de referencia, con el objetivo de evitar subidas desproporcionadas en los precios.

Además, se ha reducido el número de inmuebles necesarios para considerar a un propietario como «gran tenedor», pasando de 10 a 5 inmuebles en estas zonas. Esto implica mayores obligaciones para estos arrendadores, como la obligación de ofrecer alquileres asequibles.

Incentivos fiscales y sanciones para viviendas vacías

El decreto también incluye medidas para fomentar el alquiler asequible, como incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas de sus viviendas. Por otro lado, se endurecen las sanciones para los casos de viviendas desocupadas de forma injustificada. Los ayuntamientos podrán aplicar recargos de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a estas propiedades.

Sistema de avales públicos

El nuevo sistema de avales públicos no solo cubrirá los impagos de alquiler, sino también los daños en los inmuebles y los costes de suministros básicos. Este sistema estará destinado principalmente a jóvenes y familias vulnerables, y será gestionado por las comunidades autónomas con financiación estatal.

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Consulta el decreto completo

Si quieres conocer todos los detalles del decreto, puedes consultar el texto completo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE):
👉 Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero